| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación he estudiado y analizado los problemas que suscitan las sanciones administrativas de tráfico, prestando una especial atención a aquellos procedimientos que se fundamentan en las pruebas obtenidas por medio del uso de dispositivos de captación de evidencias (fotos y vídeos). La hipótesis planteada en esta Tesis doctoral viene referenciada a la cuestión básica de si esta forma de obtención de pruebas tiene o no la adecuada validez y si otorga al procedimiento la suficiente garantía probatoria.
Este estudio se justifica por la eclosión de la movilidad urbana e interurbana, que ha convertido al transporte de personas y mercancías en una de las fuentes principales de contaminación atmosférica, de siniestralidad y de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada uno de estos impactos tiene unos altísimos costes económicos, sociales, sanitarios y ambientales. La movilidad se ha convertido en un punto de debate en todas las instituciones e instancias políticas con la consiguiente participación e intervención activa de todas las Administraciones Públicas y, es por todos estos motivos que este aumento de la circulación necesita también un mayor control del respeto a las normas de circulación, y que de ahí la utilización de esas formas de prueba está aumentando exponencialmente por su facilidad y, presuntamente, fiabilidad.
Respecto a la metodología, el procedimiento administrativo, y más en el caso del procedimiento administrativo sancionador, debe ser ante todo un mecanismo esencial de garantía. Las reglas de la sana crítica, el estándar de la probabilidad preponderante y la regla general de cierre en caso de duda, tienen un funcionamiento semejante en el procedimiento administrativo y en los procesos judiciales, ya que ambos son la expresión del ius puniendi del Estado.
En los procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial, objeto de esta investigación, la dirección de la actividad administrativa se realiza a través de programas condicionales que llevan vinculada la forma de decidir tradicionalmente caracterizada como “subsunción”. El órgano administrativo decide mediante la subsunción del relato fáctico fijado bajo el supuesto de hecho de la regla aplicable y la subsiguiente atribución al caso de la consecuencia jurídica allí prevista, es decir, si se dan los elementos de este supuesto de hecho, deben aplicarse estas determinadas y prefijadas consecuencias jurídicas.
Aunque tratamos los problemas generales que plantea la tramitación y el uso de dispositivos de captación de evidencias para identificar la comisión de una infracción administrativa, como por ejemplo el procedimiento administrativo sancionador, la notificación, la responsabilidad, la detracción de puntos, y la protección de datos, la parte fundamental de este trabajo de investigación se centra en el análisis y estudio de todo lo referido a la “prueba” en este tipo de procedimiento. Examinamos la prueba tradicional y la prueba electrónica, y exploramos su naturaleza jurídica y la valoración de la prueba dentro del procedimiento administrativo sancionador.
En esta Tesis doctoral, en primer lugar, precisamos los cauces teóricos que necesitamos para delimitar el objeto de la investigación y, en segunda instancia, no sólo establecemos, fijamos y redefinimos el problema y la tensión generada entre un sistema de garantías probatorias para el administrado, frente a las herramientas de validez utilizadas por la Administración para una gestión más eficaz, sino que aportamos una serie de conclusiones, reglas y soluciones para satisfacer y resolver este difícil equilibrio | es_ES |
